El 1 de diciembre de 2026 entrará en vigencia la Ley 21.719, que moderniza la protección de datos personales en Chile. Su objetivo es proteger la privacidad de las personas y exigir mayor responsabilidad a las organizaciones que recopilan, almacenan o utilizan información de clientes, trabajadores y proveedores.

La ley fortalece los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad, y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, con facultades para fiscalizar y sancionar. Las empresas deberán justificar el uso de los datos, informar sus finalidades, implementar medidas de seguridad y contar con procedimientos para atender las solicitudes de las personas.

¿Cómo preparar a su empresa?

Comience con un diagnóstico: identifique qué datos trata, para qué los utiliza, dónde los almacena y quiénes acceden a ellos. Revise las bases legales del tratamiento, los consentimientos cuando correspondan, las políticas de privacidad y los contratos con proveedores. Establezca plazos de conservación, protocolos de respuesta a incidentes y mecanismos para ejercer derechos. Capacite a sus equipos y documente las medidas implementadas.

Multas y consecuencias del incumplimiento

La ley contempla amonestación escrita o multas de hasta 5.000 UTM para infracciones leves, hasta 10.000 UTM para infracciones graves y hasta 20.000 UTM para infracciones gravísimas.

En caso de reincidencia, las multas pueden alcanzar hasta tres veces el monto previsto. Para empresas que no califican como de menor tamaño y reinciden en infracciones graves o gravísimas, puede aplicarse el monto más elevado entre esa multa y hasta el 2% o 4% de sus ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro, respectivamente.

Prepararse desde ahora permite reducir riesgos legales, fortalecer la seguridad de la información y construir confianza.